El juicio a la masonería en Francia: escrutinio y transparencia
Francia asiste estos días a un juicio a la masonería sin precedentes en la historia reciente de la Orden en Europa. Lo que comenzó como una investigación sobre presuntas irregularidades en la obtención de subvenciones públicas por parte de la Gran Logia Nacional Francesa (GLNF) se ha convertido en un culebrón judicial que, más allá de sus implicaciones legales, está sometiendo a la masonería a un escrutinio público sin parangón. No se juzgan rituales ni secretos iniciáticos; se examina la relación real entre la masonería y los círculos de poder, un vínculo que durante siglos ha sido objeto de especulación y que ahora se expone en los tribunales.
El caso, que el diario El Mundo ha calificado como «el juicio a la masonería», enfrenta a la GLNF con la justicia francesa por la gestión de fondos destinados a la formación profesional. Pero lo que realmente está en juego es la credibilidad de las obediencias masónicas en un momento en que la transparencia se ha convertido en un valor social innegociable.
Los hechos: más allá del ruido mediático
Conviene separar los hechos jurídicos de la tentación sensacionalista. La investigación se centra en la presunta desviación de subvenciones públicas que la GLNF habría recibido entre 2014 y 2018 para programas de formación. Las autoridades francesas sospechan que parte de esos fondos se habrían destinado a fines distintos de los declarados, lo que podría constituir un delito de malversación.
Sin embargo, el eco mediático ha ido mucho más allá. La prensa gala ha aprovechado para airear viejos tópicos sobre la influencia masónica en la administración, la judicatura y el mundo empresarial. Se ha hablado de «redes de poder», «hermandades opacas» y «lobbys secretos», alimentando una narrativa que poco tiene que ver con los cargos concretos que se imputan.
Lo que realmente está en juego
Este proceso judicial representa un punto de inflexión para la masonería europea por varias razones. La primera es que sitúa a las obediencias masónicas ante el espejo de la opinión pública en un momento en que la sociedad demanda cada vez más transparencia a todas las organizaciones, sean públicas o privadas. La segunda es que obliga a la Orden a definir con claridad los límites entre lo que es legítima discreción, protegida por el derecho de asociación y la libertad de conciencia, y lo que puede ser percibido como opacidad injustificada.
Conviene recordar que la masonería no es un partido político ni una empresa cotizada en bolsa. Es una asociación de personas que comparten unos valores éticos y que, por tradición, mantienen cierta reserva sobre sus actividades internas. Pero esa reserva no debería confundirse con secreto ilegítimo. Como ha señalado en repetidas ocasiones el Gran Oriente de Francia, la masonería es discreta, no secreta; sus miembros pueden declarar públicamente su pertenencia, y muchas logias abren sus puertas a visitantes en eventos culturales.
El desafío de la transparencia en el siglo XXI
El caso francés plantea una cuestión de fondo que afecta a todas las obediencias masónicas: ¿cómo equilibrar la tradición de discreción con las exigencias de transparencia de la sociedad contemporánea? No es un debate nuevo, pero sí urgente.
En los últimos años, varias grandes logias europeas han dado pasos significativos hacia una mayor apertura. La Gran Logia Unida de Inglaterra publica informes anuales de sus actividades filantrópicas. El Gran Oriente de España ha impulsado iniciativas de diálogo interreligioso y colaboración con instituciones académicas. Pero estos esfuerzos chocan a menudo con la inercia de una tradición que durante siglos ha valorado el silencio como virtud.
El juicio a la masonería en Francia puede tener un efecto paradójico: si las acusaciones resultan infundadas, la masonería saldrá reforzada y habrá demostrado que sus mecanismos internos de control funcionan. Si, por el contrario, se confirman las irregularidades, las consecuencias serán graves no solo para la GLNF, sino para la imagen de toda la masonería europea.
Una oportunidad para la reflexión
Más allá del resultado judicial, este proceso ofrece una oportunidad para que la masonería reflexione sobre su lugar en el siglo XXI. La Orden no puede seguir viviendo de espaldas a una sociedad que exige rendición de cuentas a todas las instituciones. La filantropía, el perfeccionamiento humano y la defensa de la libertad de conciencia, valores centrales de la masonería, son perfectamente compatibles con la transparencia.
La cuestión no es si la masonería debe revelar sus rituales o la identidad de sus miembros, eso pertenece al ámbito de la libertad asociativa, sino si puede seguir gestionando recursos públicos o ejerciendo influencia en los círculos de poder sin someterse a los mismos estándares de control que cualquier otra organización.
Mirando al futuro
El caso francés sentará jurisprudencia sobre los límites de la transparencia exigible a organizaciones discretas. Pero más importante aún, obligará a la masonería a definirse: ¿quiere ser una institución del pasado, refugiada en el secretismo y la endogamia, o aspira a ser un actor relevante en la construcción de una sociedad más justa y fraterna?
La respuesta no está en los tribunales, sino en la voluntad de las obediencias masónicas de abrirse al mundo sin renunciar a su esencia. El juicio de París es, en el fondo, un espejo en el que la masonería universal debe mirarse con honestidad. De su capacidad para aprender de esta experiencia dependerá su relevancia en las décadas venideras.